
Gobierno argentino autoriza privatización de ocho empresas estatales
Tras la aprobación de la Ley Bases, Argentina avanza con la privatización de ocho empresas estatales, en un proceso marcado por presiones fiscales y compromisos con el FMI.

El Gobierno de Javier Milei ha trazado un camino concreto para privatizar ocho empresas estatales, tras la aprobación de la Ley Bases. Las compañías incluidas son Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos (SOFSE), Belgrano Cargas y Corredores Viales. Cada una de ellas cuenta con una estrategia específica de venta o concesión que está siendo definida por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher.
El proceso no será inmediato ni uniforme. El Ejecutivo busca evitar ventas apresuradas, apostando por un esquema que garantice el “mejor valor posible” para cada activo. Para ello, se han establecido pasos concretos: desde la habilitación legal y la elaboración de informes técnicos hasta la autorización presidencial y la publicación de los pliegos. Las fórmulas de privatización combinan concursos públicos, colocaciones en bolsa y concesiones, según el perfil de cada empresa.
A la fecha, cuatro firmas —Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas— han completado los primeros pasos legales. El objetivo es avanzar con la mayoría de los procesos antes de noviembre, mes clave en el calendario económico, cuando se presentará una hoja de ruta al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta estrategia también busca mostrar solidez y compromiso ante potenciales inversores internacionales.
Desde el entorno gubernamental aclaran que no se busca desarmar compañías estratégicas ni afectar el empleo en el corto plazo. Un ejemplo citado es IMPSA, cuya privatización fue la primera del actual gobierno. La empresa fue adquirida por un grupo estadounidense que asumió sus deudas y comprometió nuevas inversiones. Para el oficialismo, casos como este muestran que la apertura al capital privado puede ser compatible con el desarrollo nacional.
Las autoridades también consideran crucial el momento político y económico para ejecutar estas medidas. En un escenario donde la inversión extranjera directa ha registrado salidas por más de 2,200 millones de dólares en apenas tres meses, estabilizar la economía y mantener señales claras de apertura al mercado son esenciales. Como señaló un funcionario que pidió anonimato, “si la macroeconomía se ordena y logramos buenos resultados electorales, las inversiones llegarán”.
