EE.UU. sanciona a empresas ligadas con el Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos intensificó su lucha contra el crimen organizado al imponer sanciones económicas a seis ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Según el Departamento del Tesoro, estos individuos operaban una sofisticada red de lavado de capitales que movió más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Entre los sancionados destaca Alberto David Benguiat, acusado de liderar una estructura financiera que transfería fondos ilícitos desde EE.UU. hacia México. Las autoridades identificaron seis empresas —cuatro en el Estado de México y dos en CDMX— como fachadas para ocultar el origen del dinero, dedicadas a sectores como publicidad, construcción y comercio. Las autoridades identificaron seis empresas bajo su control, cuatro en el Estado de México:

1. Grupo Unter Empresarial, S.A. de C.V. (Cuautitlán Izcalli, sector publicidad).
2. Grupo Vindende, S.A. de C.V. (Naucalpan, construcción e ingeniería civil).
3. Grupo Zipfel de México, S.A. de C.V. (Naucalpan, comercio al por mayor).
4. Productions Pipo S. de R.L. de C.V. (Ecatepec, actividades recreativas).

Además, dos empresas en CDMX fueron señaladas: Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V. y Scatman & Hatman Corp, S.A.P.I. de C.V., todas acusadas de ocultar el origen ilícito de los fondos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también señaló a Enrique Dann Esparragoza, presunto operador de lavado para "Los Chapitos", y a Alan Viramontes, ligado a Iván Archivaldo Guzmán. Además, se incluyó a Salvador Díaz Rodríguez, implicado en cobros violentos y sicariato en Mexicali.

Las sanciones congelan todos los activos de los implicados en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ellos. Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertó a instituciones bancarias sobre movimientos sospechosos de grandes sumas en efectivo. Esta acción refleja la estrategia de EE.UU. para debilitar las finanzas del narcotráfico, tras designar al Cártel de Sinaloa como una amenaza terrorista. El caso expone cómo el crimen organizado infiltra sectores empresariales, obligando a gobiernos y empresas a reforzar controles antilavado.